El Gobierno aprobará este martes, mediante real decreto, una regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de personas en situación administrativa irregular acceder a permisos de residencia y trabajo.
España se prepara para una de las decisiones más relevantes en materia migratoria de las últimas décadas. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a una regularización extraordinaria de personas migrantes que beneficiará a más de 500.000 personas, según estimaciones iniciales, en lo que se presenta como una medida de impacto social, laboral y humanitario de primer orden.
El acuerdo ha sido cerrado entre el Gobierno y Podemos, tras meses de negociaciones discretas, y se materializará a través de un real decreto, una fórmula jurídica que permite su aplicación inmediata sin necesidad de convalidación en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no contaría con una mayoría suficiente para sacarla adelante por vía legislativa.
La regularización se aplicará a personas que puedan acreditar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, que carezcan de antecedentes penales relevantes y que hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. La permanencia podrá justificarse mediante múltiples documentos: empadronamiento, informes médicos, certificados de asistencia social, contratos de alquiler, billetes de transporte, justificantes de envíos de dinero o cualquier prueba documental que acredite arraigo efectivo.
El procedimiento no solo supone la obtención de un estatus legal, sino un cambio estructural en la vida de miles de personas. Desde el momento en que se presente la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de expulsión y retorno por causas administrativas o por trabajo sin permiso. Cuando el expediente sea admitido a trámite, se concederá una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar legalmente, acceder a la sanidad y ejercer derechos básicos. Si la resolución final es favorable, se otorgará un permiso de residencia por un año, con posibilidad posterior de acceder a la vía ordinaria del reglamento de extranjería.
Desde Podemos, la medida ha sido presentada como una decisión de justicia social y de reparación institucional. Irene Montero, eurodiputada y una de las figuras visibles del partido, enmarcó el acuerdo en la necesidad de combatir el miedo estructural en el que viven miles de personas migrantes: controles policiales, inseguridad jurídica, explotación laboral y exclusión de derechos básicos. En su intervención pública, vinculó la regularización a una respuesta política frente al racismo estructural y a la violencia institucional que, según denunció, sigue afectando a comunidades migrantes en distintos países occidentales.
La iniciativa también conecta con una larga demanda de organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y colectivos vecinales, que llevan años reclamando una regularización amplia como instrumento para combatir la economía sumergida, la explotación laboral y la marginalidad administrativa. Para estas entidades, la irregularidad no es solo un problema jurídico, sino una fuente estructural de vulnerabilidad social.
El acuerdo recupera, además, una propuesta que llevaba tiempo bloqueada en el Parlamento: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre regularización, admitida a trámite en abril de 2024, pero paralizada por la falta de consensos políticos. La vía del real decreto permite al Gobierno sortear ese bloqueo institucional y ejecutar directamente la medida.
El precedente más cercano es la regularización masiva de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a más de 500.000 personas y que tuvo un impacto significativo en el mercado laboral, la recaudación fiscal y la integración social. Aquella medida fue considerada un punto de inflexión en la política migratoria española y es el principal referente histórico de la decisión actual.
Más allá de la dimensión política, la regularización tendrá efectos económicos directos: incorporación formal al mercado laboral, aumento de cotizaciones a la Seguridad Social, mayor recaudación fiscal y reducción de la economía sumergida. A nivel social, permitirá el acceso a derechos básicos, estabilidad residencial y protección jurídica, rompiendo dinámicas de precariedad estructural que afectan a miles de hogares.
La medida se produce, además, en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de políticas migratorias en distintos países occidentales, lo que convierte la decisión española en un movimiento contracorriente dentro del marco europeo. Para el Gobierno, el mensaje es claro: la gestión migratoria no puede basarse exclusivamente en el control y la expulsión, sino también en la integración, los derechos y la regularización como herramientas de cohesión social.
Con esta decisión, el Ejecutivo no solo desbloquea una reivindicación histórica, sino que redefine el enfoque de la política migratoria: de la excepcionalidad punitiva a la normalización jurídica. Un giro que, más allá del debate ideológico, tendrá consecuencias estructurales en el modelo social, económico y laboral del país.
; ?>)
; ?>)
; ?>)
; ?>)
; ?>)
